4 de abril de 2024
La Conferencia Católica de Georgia da testimonio de los valores espirituales en asuntos públicos y proporciona una agencia para el servicio católico corporativo de la comunidad de todo el estado. Bajo la dirección de los obispos católicos de Georgia, la Conferencia promueve posturas de política pública relacionadas con la legislación, las políticas y los programas gubernamentales de Georgia, los cuales afectan el bien común y el interés de la Iglesia Católica.
Tal como estaba previsto, la Asamblea General de Georgia finalizó su sesión legislativa de 2024 a finales de la tarde del 28 de marzo.
Los siguientes son los resultados de los principales proyectos de ley que siguió la Conferencia, incluyendo varios aprobados anteriormente en la sesión. Dado que 2024 es el segundo año del ciclo legislativo de dos años, aquellos proyectos de ley que no fueron aprobados por ambas cámaras deberán ser reintroducidos por un legislador en enero del próximo año si deciden presentarse.
Elección de escuela La Asamblea general aprobó el SB 233, cuyas disposiciones sobre váuchers escolares se resumen a continuación. Actualmente este proyecto de ley se encuentra en espera de la firma del gobernador.
El proyecto de ley autoriza “Becas Prometidas” por un monto de 6.500 dólares (sujetas a reducciones de austeridad de vez en cuando). Los estudiantes participantes pueden utilizar los fondos de la beca para los gastos enumerados en el proyecto de ley como gastos educativos calificados. Dichos gastos incluyen matrícula, tarifas, libros de texto necesarios para los cursos básicos en las escuelas participantes, tutorías, servicios de médicos o terapeutas y otros gastos relacionados.
Para ser elegible, los padres deben haber residido en Georgia durante al menos un año (este requisito no aplica para estudiantes cuyos padres son militares activos). Además, el estudiante debe haber estado inscrito en los dos conteos de inscripción consecutivos que exige la ley de Georgia y vivir en una zona de asistencia donde el rendimiento académico se encuentre dentro del 25 por ciento inferior de las escuelas públicas del estado. Adicionalmente, el ingreso familiar del estudiante no puede exceder el 400 por ciento del nivel federal de pobreza (es decir, aproximadamente $120,000.00 por año para una familia de cuatro).
Los padres que opten por obtener una beca para su hijo deben firmar un acuerdo en el cual se comprometan a brindar al estudiante educación en lectura, gramática, matemáticas, estudios sociales y ciencias. También deben aceptar que el estudiante no se inscribirá en ninguna escuela pública por el tiempo que reciba la beca y asumir toda la responsabilidad de la educación del niño.
Las escuelas participantes pueden ser escuelas no públicas, sectarias o no sectarias, que estén acreditadas. Para recibir fondos de estas becas, una escuela participante debe demostrar solidez financiera y proporcionar los informes detallados necesarios para mostrar evidencia de solidez. La escuela debe cumplir con las leyes federales contra discriminación, salud y seguridad y otras leyes aplicables a las escuelas privadas.
El proyecto de ley establece la Autoridad de Ahorros Educativos como un organismo del estado de Georgia con miembros de la junta y un director ejecutivo para administrar el programa de váuchers. Este organismo recibe autoridad detallada para llevar a cabo las funciones de manejo necesarias, incluyendo la reglamentación.
Los váuchers estarán disponibles por primera vez para el año escolar 2025-2026.
La Conferencia Católica de Georgia apoyó este proyecto de ley y continúa siguiendo la legislación para aumentar el límite de fondos para las Organizaciones de Becas Estudiantiles (SSO por sus siglas en inglés), como G.R.A.C.E. Scholars, a 150 millones de dólares.
Pena de muerte y discapacidad intelectual El HB 1041 hubiera establecido un procedimiento para determinar si una persona acusada de un delito capital tiene una discapacidad intelectual y, por lo tanto, no debería ser elegible para la pena de muerte. Se esperaba que el 15 de febrero el subcomité examinara más a fondo el proyecto de ley con algunas enmiendas útiles; sin embargo, las negociaciones sobre el texto fracasaron y, ante la oposición de los fiscales y la fiscalía general, no se tomó ninguna medida.
Antisemitismo El HB 30, el cual se introdujo en 2023, proponía una definición estándar de “antisemitismo” para facilitar la aclaración del significado de la palabra para su uso a la hora de demostrar la discriminación contra el pueblo judío. La definición adopta la redactada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés), utilizada en 37 estados y en una orden ejecutiva federal de 2019, que actualmente utilizan todas las agencias federales. El HB 30 fue aprobado por la cámara de representantes en 2023, pero se estancó en el Senado. Después de un trabajo diligente desde la última sesión legislativa, el Senador John Kennedy (R. Macon) negoció una revisión que presentó al Senado, que fue considerada y aprobada por el Senado en pleno el 25 de enero, y promulgada por el gobernador. El Arzobispo Hartmayer y los tres obispos auxiliares de Atlanta firmaron una carta apoyando la revisión.
Inmigración El HB 1105 (Petrea R-166) propone mayores penas para los alguaciles que no reporten (a los oficiales federales de inmigración) a los no ciudadanos bajo su custodia y establece procedimientos para detener a personas que se crea que son extranjeros indocumentados. El proyecto de ley también exige la publicación de información sobre el número de reclusos estatales y locales que no sean ciudadanos. Según la ley actual, los alguaciles y carceleros tienen instrucciones de presentar informes sobre sospechosos de inmigrantes indocumentados, pero el HB 1105 establece que cualquiera que viole estos requisitos puede ser condenado por un delito menor mayor y agravado.
Ley de Restauración de Libertad Religiosa de Georgia El SB 180 (Setzler R-37) hubiera establecido que el gobierno no puede imponer una carga sustancial sobre el ejercicio de la religión de una persona incluso si la carga resulta de una regla de aplicabilidad general, excepto lo dispuesto en circunstancias limitadas específicas. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado, pero no fue aceptado por la Cámara.
Trata de personas Los proyectos de ley SR 616 (Still R) y SB 512 eran piezas complementarias que habrían propuesto una enmienda constitucional de Georgia para establecer el Fondo para Víctimas de Trata de Personas. La enmienda constitucional propuesta hubiera asignado penas adicionales para los perpetradores y servicios de rehabilitación para las víctimas. De haber sido adoptada la enmienda, el SB 512 hubiera establecido una comisión para el fondo con el fin de estudiar las cuestiones relacionadas con la trata y hacer recomendaciones a la asamblea general y las agencias estatales.
El SB 514 hubiera reque capacitación para los empleados de hoteles sobre formas de identificar el tráfico en la industria hotelera para poder denunciar estas actividades. Estos proyectos de ley tenían mérito en la lucha contra la trata de personas, pero no fueron aprobados.
Marcha provida El 22 de marzo, la Conferencia y la oficina arquidiocesana de Respeto por la Vida se unieron a Georgia Life Alliance, Georgia Home Mission Board, National March for Life y otros para participar en una manifestación y marcha con el fin de apoyar la legislación a favor de la vida. El Obispo Shlesinger pronunció la invocación en el evento.
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