Informe legislativo y de política gubernamental no. 4

Restricciones a abortos químicos. El SB 456 (anteriormente identificada como SB 315) impondría restricciones sobre el uso de medicamentos que inducen el aborto, los cuales actualmente pueden administrarse sin supervisión médica profesional. Este proyecto de ley requeriría que un médico calificado examine a la mujer embarazada en persona. Además, no permitiría la entrega de píldoras abortivas o productos químicos por servicio de mensajería, domicilio o correo; ni permitiría que se proporcionaran medicamentos para inducir el aborto en instalaciones escolares, incluyendo las instituciones de educación superior. La Conferencia Católica de Georgia apoya este proyecto de ley, el cual ya ha sido aprobado por el Comité Judicial del Senado y probablemente se someterá a votación en el Senado durante la semana del 21 de febrero. Creemos que hay suficientes votos para adoptarlo en el Senado, pero no estamos seguros de que haya suficiente apoyo en la Cámara de Representantes.

Elección de escuelas. El HB 517 propone hacer cambios relacionados con auditorías y aumentos en los límites individuales, familiares y corporativos para las contribuciones en el estatuto que rige las organizaciones de becas estudiantiles (SSO por sus siglas en inglés), como G.R.A.C.E Scholars. El proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras en 2021, pero no se acordaron las diferencias, por lo que sigue siendo elegible para más enmiendas en la sesión actual. El estado no ha adquirido notoriedad pública, pero puede haber adiciones antes de la aprobación final. La Conferencia apoya este proyecto de ley, particularmente con adiciones que puedan beneficiar a G.R.A.C.E.

Pena de muerte. El HB 495 propone la derogación de la pena de muerte en Georgia. Actualmente hay poco apoyo para esta derogación. No obstante, particularmente con la ayuda de Maggie Rousseau, directora arquidiocesana de los Ministerios de Discapacidades, estamos apoyando la introducción de legislación para prohibir o restringir la imposición de la pena de muerte contra personas con discapacidades intelectuales probadas por una preponderancia de evidencia. Anticipamos que el proyecto de ley se presentará durante la semana del 21 de febrero.

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